Algunas reflexiones sobre el PROCESO de ESCOLARIZACIÓN en Andalucía
25 de mayo de 2014
El “Observatorio por la Libertad de Enseñanza en Andalucía” (OLEA)
aglutina entidades representativas del sector de la enseñanza de iniciativa
social y entidades sociales y ciudadanas. En concreto los miembros que han
iniciado este proyecto son: entidades representantes de titulares de centros de
iniciativa social y patronales (Escuelas Católicas Andalucía y AESECE
Andalucía); entidades representantes de trabajadores y sindicatos (USO
Andalucía y FSIE Andalucía); entidades representantes de madres y padres de
familia (CONCAPA Andalucía y Federación “Mª Auxiliadora” de AMPAS
Salesianas); y, entidades y asociaciones sociales (Profesionales por la Ética y
Hazteoir). Igualmente, aun cuando no forma parte como miembro del mismo,
participa a petición de sus componentes, como invitado permanente, la
Secretaría Técnica de Enseñanza de la Asamblea de los Obispos del Sur.
El presente breve informe se realiza en cumplimiento de algunos de los
fines propios del Observatorio, como son el análisis de la situación real y
efectiva de la libertad de enseñanza en Andalucía, el estudio del
reconocimiento de la libertad de enseñanza en la normativa educativa y en su
aplicación, y, en su caso, la denuncia fundamentada y cívica de situaciones de
restricción de la libertad de enseñanza; así como, labores de fomento del
debate social y ciudadano sobre la libertad de enseñanza.
Durante el mes de marzo de cada año, se desarrolla el proceso de
admisión de alumnos en nuestra Comunidad, y durante el mismo se ponen de
manifiesto algunos aspectos que desde el OLEA se considera deben ser objeto
de reflexión, análisis y conocimiento social:
- La oferta de plazas y vacantes en centros educativos de
iniciativa social (concertados) permitida por la Administración educativa
andaluza es insuficiente y no responde a la demanda social de las
familias.
El ejercicio de la libertad de enseñanza supone la existencia de centros
distintos de los de titularidad de la Administración pública, que ofertan a la
sociedad un proyecto educativo y un ideario específico, y la posibilidad de que
los padres elijan dichos centros libremente.
La demanda de plazas por las familias en centros concertados es muy
superior a la oferta que permite anualmente la Administración. Con ello se
restringe en la práctica el ejercicio de la libertad de enseñanza, obligando a los
padres a acudir a centros no deseados.
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La razón de dicha situación no es, en ningún caso, un problema
organizativo o estructural, en el sentido de que los centros tienen
necesariamente un máximo de capacidad y no pueden absorber toda la
demanda ilimitadamente. Sino que más bien responde a una opción doctrinal
de la Administración educativa andaluza. Es por ello que a pesar de esta
situación la Consejería de Educación anualmente viene optando no ya por no
incrementar la oferta concertada para que se adecúe a la demanda social, sino
por la paulatina disminución de la misma.
Cabe considerar que las opciones políticas e ideológicas de los partidos
políticos que acceden a gobernar son legítimas, siempre que no supongan un
menoscabo en el ejercicio de libertades públicas y derechos fundamentales de
los ciudadanos, reconocidos constitucionalmente. En este sentido se vienen
manifestando los órganos judiciales, a los que los centros se ven abocados a
acudir cuando la Administración educativa andaluza pretende la reducción de
sus unidades concertadas aun contando con demanda social.
En este sentido sería además muy deseable y aconsejable para la
transparencia y la salud democrática que la Consejería de Educación facilitara
informes y datos a la opinión pública, o cuánto menos vía parlamentaria, de
manera amplia, clara y veraz, sobre los centros existentes en la Comunidad, el
número de líneas y de unidades de los mismos y el volumen de escolarización
en cada uno de ellos. Estamos convencidos de que con ello se pondría de
manifiesto que el porcentaje de la concertada en nuestra Comunidad autónoma
no solo es que esté muy por debajo de la demanda de las familias, lo que se
acredita anualmente en cada proceso de escolarización en los listados de no
admitidos, sino que incluso ha decrecido en los últimos años.
- El proceso de escolarización se complementa con un
concepto de planificación unilateral y dirigista de la Administración
educativa andaluza.
El art. 27.5 de la Constitución española prevé que la programación sea
participada y el art. 109. 1 LOE establece que la programación de la
Administración de la red de centros y de la oferta de plazas no puede ser
arbitraria, sino que viene limitada por “garantizar el derecho de todos a la
educación y los derechos individuales de alumnos, padres y tutores”. Es
evidente que los derechos individuales de alumnos, padres y tutores, supone
una referencia expresa a la libertad de enseñanza, a la libertad de elección de
tipo o modelo de educación, a la libertad de elección de formación religiosa y
moral de los hijos de acuerdo con las convicciones de los padres y a la elección
de centro. Por tanto, lo que se dice, es que las Administraciones educativas
deben armonizar en su programación el derecho de todos a tener una plaza
educativa gratuita (el derecho a la educación), con su derecho a la elección de
tipo o modelo de educación (libertad de enseñanza).
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Sin embargo, la Administración educativa andaluza programa de
espaldas a la demanda social, al margen del ejercicio de esos derechos
individuales de padres y alumnos.
Resulta además destacable el proceder aparentemente más que
inadecuado de la Consejería de Educación, de utilizar su capacidad de
programación de plazas en el proceso de escolarización, a fin de intentar
predeterminar el proceso de concertación. De este modo, cuando la
Administración andaluza quiere reducir o no renovar el concierto educativo de
alguna unidad, que normalmente no se resolverá hasta el mes de agosto, ya en
el mes de febrero anterior comunica al centro que no podrá publicar en el
proceso de escolarización, en su tablón de anuncios, que tiene vacantes en
esa unidad y por tanto no podrá admitir alumnos para la misma. Impedir la
escolarización en una unidad, para posteriormente reducir el concierto
educativo, alegando que no cubre necesidades de escolarización, parece un
proceder inadecuado, desleal y perverso.
Con ello, se incurre en un claro ejemplo de intento de impedir o limitar
ilegalmente los derechos inherentes a la libertad de enseñanza.
- Los criterios de admisión establecidos legalmente y
desarrollados por la normativa andaluza no valoran la identidad de los
solicitantes con el proyecto educativo o el ideario del centro solicitado.
La existencia de centros de iniciativa social y la financiación con fondos
públicos de los mismos, está justificada precisamente en el proyecto educativo
específico y singular que ofrecen a la sociedad. Eso los hace diferentes de los
centros de titularidad de la Administración pública y permite la elección de las
familias. Carece de sentido que no se pondere que la elección de centro se
realice en virtud de optar por dicha oferta educativa.
Es necesaria la aplicación de criterios objetivos para garantizar el libre
ejercicio de la libertad de enseñanza por parte de los padres y que, en ningún
caso, pueda ser el centro el que seleccione a su alumnado, garantizando con
ello el principio de igualdad. Pero carece de sentido que entre los criterios del
proceso de escolarización en nuestra Comunidad autónoma, ninguno suponga
una mínima referencia a que la elección se produzca por los padres en
coherencia con el proyecto educativo que ofrece el centro.
En ocasiones se quiere hacer ver a la opinión pública que la elección de
los padres de un centro no responde a la identidad con el ideario del mismo,
sino a criterios más prosaicos como la cercanía del centro, el control del
alumnado, las posibles exigencias y la previsión de resultados académicos,...
Sin embargo, la experiencia de los procesos de escolarización en los centros,
pone de manifiesto que la realidad es que el ideario del centro, su propuesta
educativa, parece estar en la base de la elección de centros concertados por la
mayor parte de los padres.
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Cualquier familia es libre de optar por cualquier centro, pero es obvio
que carece de sentido optar por un centro con cuya filosofía y proyecto
educativo no se está de acuerdo, sobre todo cuando con ello se impide que
otros alumnos, no admitidos, puedan aprovechar la totalidad de la oferta que
hace el centro.
El proceso actual de escolarización favorece estas incoherencias, al no
valorar en ninguno de sus criterios que el solicitante esté identificado con el
proyecto educativo del centro, particularidad o diferencia que justifica la
existencia de estos centros distintos de los de la Administración pública y su
financiación con fondos públicos.
En algunas comunidades autónomas se ha avanzado en este marco estableciendo criterios complementarios de admisión.
En este sentido también resulta destacable la escasa puntuación que se
les otorga a los hijos de los trabajadores del centro (docentes y no docentes).
De este modo, muchos de estos solicitantes se quedan en el listado de no
admitidos, pues su puntuación alcanza 14 puntos (10 por domicilio laboral y 4
por hijo de trabajador del centro), siendo superado por cualquier solicitante que
tenga alguna puntuación más que el mero domicilio familiar en la zona de
influencia del centro, por el cumplimiento de cualquier otro criterio. En este
caso no sólo no se potencia la conciliación de la vida familiar y laboral, sino que
además no se refuerza la coherencia en la opción por el proyecto educativo del
centro que hace el trabajador del mismo, que normalmente comparte el ideario
del centro y desea que sus hijos se eduquen en el mismo. Este es un ejemplo
de la escasa repercusión que tiene la identidad del solicitante con el ideario del
centro, en el proceso de escolarización, y en virtud de criterios claramente
objetivos y ponderables.
- No hay una apuesta real por privilegiar la situación de
familias en situación social y económica desfavorable. En el proceso de
escolarización no se opta con valentía por una real compensación de
desigualdades, ni el mismo responde a criterios de justicia social.
Son precisamente los más desfavorecidos (social, económica,
educativamente) los que deben disponer de una especial preferencia en la
elección de centro. Esta afirmación que podría ser socialmente compartida no
tiene reflejo real en el desarrollo práctico del proceso de admisión de alumnos.
El criterio de renta que se contempla, requiere para empezar a puntuar
de una situación inecónomica muy deficitaria; la puntuación que se obtiene, no
obstante, es escasa y no significativa con respecto a otros criterios; y el
documento de acreditación (la última renta presentada, es decir
correspondiente a dos años antes de la escolarización), no responde a la
situación real que pueda atravesar la familia en el momento del proceso de
escolarización.
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Igualmente, faltan criterios complementarios que puedan ponderar
circunstancias como la pertenencia a minorías étnicas o culturales o la
condición de inmigrante o refugiado.
Si la libertad de enseñanza debe ser garantizada para todos, con mayor
incidencia en aquellos que, careciendo de recursos, no tendrán ninguna otra
opción de elegir.
- En el proceso de escolarización de este año 2014/2015,
resalta la insistencia de la Consejería de Educación andaluza en negar la
concertación a los centros que optan por una educación diferenciada, a
pesar de la modificación normativa que ha supuesto la LOMCE.
Con independencia de que aparentemente puede resultar más difícil
para la Administración educativa andaluza justificar su actuación jurídicamente,
resulta muy inapropiado que se pueda verter a la opinión pública la idea de que
una Administración tiene la intención manifiesta de desobedecer la aplicación
de la ley. Resulta sorprendente el ejemplo, viniendo de una Administración
pública que también dicta normas y actos administrativos, que también serían
susceptibles de desobediencia por parte de la ciudadanía. Pero lo cierto es que
la Consejería de Educación con el cumplimiento de sus propias normas no
resulta tan tolerante y comprensiva.
La STS en la que basa la defensa de la actuación de la Consejería de
Educación para no concertar esas unidades, no refería en ningún caso que la
enseñanza diferenciada por sexos, fuera segregadora, ni discriminadora,
simplemente establecía que las Administraciones educativas podían fijar
criterios o condiciones propios de concertación, como fue el caso de este límite.
Es evidente que la modificación de la LOE por la LOMCE, previendo
expresamente la concertación de la diferenciada, supone un cambio en el
escenario. Sin detrimento de diatribas jurídicas que inevitablemente se verán
en sede judicial, cabe manifestar que la existencia de centros concertados con
la opción pedagógica de la enseñanza diferenciada, no supone ninguna
obligación de elección para los padres, sino la posibilidad de elegir ese modelo
educativo o no, conforme al ejercicio de la libertad de enseñanza.
